Sitilpech es una comunidad indígena maya localizada en el municipio de Izamal, ubicada aproximadamente a 61 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en México. Ahí, enclavada entre la vegetación selvática y los calores que superan los cuarenta grados centígrados, sus habitantes ejercen resistencia para defender las tierras, flora y fauna que un día pertenecieron a una de las civilizaciones mesoamericanas más trascendentes de la historia y la cultura mundial.
En una batalla que remite a la que tuviera David contra Goliat, las y los pobladores de Sitilpech enfrentan nada menos que a la empresa mexicana líder en producción y comercialización de carne de cerdo y una de las 20 más relevantes a nivel mundial: Kekén y su mega granja con capacidad de 49 mil cerdos, empresa que describe su actividad como “porcícola sustentable”.
Desde el año 2021 la comunidad indígena se organizó en el grupo “La esperanza de Sitilpech” e inició un proceso de defensa legal por el ecocidio que Kekén está causando, y con la finalidad “de exigirle al Estado el respeto y la garantía de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los daños que la empresa porcícola estaba ocasionando en su territorio con la instalación y operación de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdas y cerdos -bebés en su mayoría-. Daños que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, al territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento, y la libre determinación y autonomía del pueblo”, versa así en el comunicado emitido el 18 de febrero de 2023 por la colectiva indígena junto a Kanan, ONG local de Derechos Humanos y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En este trabajo colectivo y de defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró que un juez de distrito en Yucatán otorgara medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión temporal de las operaciones de la granja. Nueve meses después de dicha resolución, el 10 de febrero de 2023, un Tribunal Colegiado (es decir de nivel federal) bajo propuesta del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechó el caso judicial de la comunidad con el argumento de haberlo presentado “fuera de tiempo”, lo que permitió el reinicio de operaciones de este centro de explotación animal. Desde entonces, las y los habitantes de Sitilpech, para manifestar su inconformidad ante la decisión del funcionario, han acampado permanentemente en la entrada de acceso al ejido. Envuelto en un aire de “olor insoportable”, a excremento de cerdo que permanece las 24 horas del día, lonas azules sostenidas con cuerdas y palos, mantas con consignas hechas a mano, un par de sillas y mesas viejas componen el bloqueo que es cuidado por mujeres, hombres, niñes y ancianos mediante relevos de día y de noche, pues la misión es también impedir el ingreso de camiones cargados de animales y sus respectivos alimentos.
Desde este campamento, Don Sam, miembro de la colectiva y ejidatario local, en entrevista para Generación Vegana comentó que las instalaciones de la mega granja de Kekén y otras similares, han abierto porque el gobierno estatal, encabezado por Mauricio Villa Dosal y las dependencias federales son muy complacientes con los empresarios. “Cuando llegó el delegado de SEMARNAT a Yucatán comenzó esta cochinada, entonces no sé… Ese mañoso, corrupto, mafioso del delegado que envió el presidente. El pueblo de Sitilpech ya está harto, harto de esas artimañas que siempre están haciendo. El pueblo ya está fastidiado que siempre lo estén pisoteando”, afirmó muy molesto.
Por su parte, Rafael Valencia, otro de los integrantes de “La esperanza de Sitilpech”, advierte que su movimiento pretende salvar el acceso comunitario al agua y evitar lo que ya está ocurriendo en otras localidades cercanas: una pelea por este líquido vital. “El cenote a mis espaldas, se le abrió un boquete y los cerdos que mueren ahí los avientan y se está contaminando. Aquí como a 500 metros está donde drenan el agua de la granja, no la tienen tratada, no hay tratamiento, allá si vas hay como una laguna donde se tira la mierda de los cerdos”. Don Rafael comenta preocupado que un grupo de ambientalistas ya han realizado un análisis del agua, “y nos advirtieron que si sigue así en tres años no podremos usarla. Nosotros luchamos por la vida y la salud, eso nadie lo compra”.
Otro factor que abona a que las poblaciones indígenas como Sitilpech se encuentren en situaciones de discordia, vulnerabilidad y se vean obligadas a defender su territorio es el racismo institucionalizado y normalizado en el país. De acuerdo al Sistema de Información Cultural, en México existen actualmente 71 etnias indígenas; algunas de ellas han recurrido a procesos de autonomía política y territorial en la búsqueda de su libre determinación, dado que son comunidades históricamente racializadas y discriminadas por su origen. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 75.6 por ciento de la población indígena considera que son poco valoradas por la mayoría de la gente y el 49.3 por ciento perciben que sus derechos son poco o nada respetados.
Como ejemplo de lo anterior, Villebaldo Pech Moo, abogado y miembro de la comunidad, señala que en el proceso de establecimiento de las mega granjas se pasó por alto la consulta previa a la comunidad indígena, como lo dicta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. “Aquí la población no está siendo tomada en cuenta, nunca fueron consensuados, nunca fueron consultados si realmente querían una granja”.
Cabe destacar que en Yucatán existen actualmente 222 granjas de crianza, engorde y sacrificio de cerdos distribuidas en todo el estado y propiedad de empresas como Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), Agroindustrias Moba, GAL Porcícola, Productora Pecuaria de Yucatán o la Unión de Aparceros Chapab, entre otras. Las comunidades mayas de Kinchil, Homún, Chapab, Maxcanú o Tixpéual, se encuentran en condiciones similares de saqueo y explotación de recursos naturales, como el hídrico y bajo el abuso de mano de obra barata, tal como en Sitilpech.
Es así que a partir de la instalación del campamento a puertas de la mega granja de Kekén, la tensión fue en escalada y comenzaron a hacer presencia los cuerpos policiales del municipio de Izamal y de la secretaría de seguridad pública de Yucatán. Finalmente, en la madrugada del 18 de febrero, alrededor de las 3:00 horas, aproximadamente 70 miembros antimotines, con escudos y toletes llegaron a reprimir, asediar y a agredir físicamente a las 20 personas, en su mayoría mujeres y niñes, quienes se encontraban en el bloqueo. Algunas testigos presenciales aseguran que minutos antes de la intervención “el pueblo extrañamente se quedó sin señal de servicio telefónico, ni de internet”. A quienes se encontraban ahí las despojaron de sus teléfonos celulares para que no pudieran documentar el ataque, les robaron sillas, mesas, utensilios y carpas, y dañaron motocicletas y vehículos.
Al siguiente día, el domingo 19 de febrero de 2023, mediante un amparo indirecto (expediente 286/2023) impuesto por habitantes de la comunidad, un juez federal en Yucatán concedió la medida cautelar “otorgando la suspensión de plano para no incomunicar al pueblo, así como cesar los actos de agresión ejercidos contra este por parte de la secretaría de seguridad pública de Yucatán”.
Sin embargo, las y los manifestantes prometen resistir mientras haya cerdos al interior de la granja y no descansar hasta que el peligro de la contaminación se haya ido de su pueblo. “Estaremos aquí hasta que ya no podamos más. Si nos va a llevar 10 años, 20 años, aquí vamos a seguir”, asegura Pedro Pech, desde el campamento.
Blog escrito por: Laura Sainz
Referencias:
INEGI. (2020) Estadística a propósito del día internacional de la eliminación de la discriminación racial. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México
INEGI. (2017). ENADIS 2017 Encuesta Nacional sobre Discriminación. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.
Sistema de Información Cultural (2023)
CNDH. (2018) Análisis Situacional de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
